La responsabilidad por daños derivada de incumplimientos contractuales y la necesidad de una prueba pericial económica

    27 julio 2020

    incumplimientos contractuales

    Tradicionalmente, la responsabilidad derivada de incumplimientos contractuales se concreta en perjuicios clasificados en dos categorías: daño emergente y lucro cesante.

    El daño emergente es el valor de la pérdida sufrida o de los bienes destruidos o perjudicados o la disminución del patrimonio de la víctima causada por el evento dañoso, en nuestro caso, por el incumplimiento contractual. El daño debe ser real, efectivo, y afectar a bienes o derechos patrimoniales. La metodología para su determinación, evaluación y valoración del daño emergente responde a criterios objetivos de determinación y cuantificación y consiste en agregar todos y cada uno de los gastos incurridos como consecuencia del hecho o acto causante del perjuicio, tales como compras, gastos de personal, suministros, …

    Por su parte, el lucro cesante se define como el valor o importe de la ganancia, utilidad o interés que se ha dejado de obtener. Más detalladamente, es la lesión de un interés patrimonial consistente en la pérdida de un incremento patrimonial neto -esto es, deducidos los costes- que se haya dejado de obtener como consecuencia del incumplimiento contractual por el deudor o bien del acto ilícito que se imputa a un tercero.

    El lucro cesante se apoya en la presunción de cómo habrían sucedido los acontecimientos en el caso de no haberse producido el suceso, hecho o acto causante del daño. El fundamento de la indemnización está en la necesidad de reponer al perjudicado en la situación en que se hallaría si el suceso, hecho o acto causante del daño no se hubiera producido, lo que exige que se le indemnice también la ganancia dejada de obtener. Debe cuantificarse como el beneficio perdido por la empresa, partiendo de la cifra de ingresos que se esperaba obtener menos los costes asociados a dichos ingresos.

    Pues bien, la exigencia de responsabilidad contractual exige no sólo la falta de cumplimiento adecuado del contrato, sino además que de ello se derive un daño y que exista una relación de causalidad entre incumplimiento y daño producido.

    Como categoría incluida dentro del concepto de lucro cesante se encuentra la indemnización por la denominada “pérdida del volumen de ventas. Se trata de compensar al vendedor por el beneficio que habría obtenido de la transacción si la misma se hubiese efectuado. Se entiende, pues, que, como resultado del incumplimiento por el comprador, el vendedor «pierde» una venta y, como consecuencia, el beneficio esperado de dicha venta. La transacción realizada por el vendedor con posterioridad al incumplimiento por el comprador no es una transacción sustitutiva, si la misma se concluye “además de” la que habría sido realizada con el comprador incumplidor, pero no “en lugar de” ésta.

    Por último, procede hacer mención a la denominada “pérdida de oportunidad caracterizada por la falta de certeza acerca de la consecución del resultado perseguido o esperado y que se refiere, no a la frustración de ganancias esperadas, sino a la frustración de meras expectativas de ganancia. Nos encontramos ante un concepto distinto al lucro cesante que, frente a él, se caracteriza por la falta de certeza acerca de la consecución del resultado perseguido o esperado y que se refiere, no a la frustración de ganancias esperadas, sino a la frustración de meras expectativas de ganancia o, de forma más genérica, a la frustración de las expectativas, esperanzas o posibilidades de conseguir una determinada ventaja o beneficio. El daño por pérdida de oportunidad es hipotético y no puede dar lugar a indemnización cuando no hay una razonable certidumbre de la probabilidad del resultado. La responsabilidad por pérdida de oportunidades exige demostrar que el perjudicado se encontraba en una situación fáctica o jurídica idónea para realizarlas.

    Si bien, la mayoría de pronunciamientos judiciales relativos a la indemnización por daños patrimoniales derivados de la pérdida de oportunidad han venido referidos a situaciones de mala praxis médica, administrativa, o derivada de prestación de servicios jurídicos, no debemos olvidar que es muy habitual que se den casos de pérdida de oportunidad en supuestos de incumplimientos contractuales. Así, pensemos en un contrato suscrito entre dos empresas mediante el que la empresa A se obliga a comprar unas mercancías para venderlas a la empresa B: Si la empresa A adquiere dichas mercancías a terceros y la empresa B incumple su obligación de compra, aparte del daño emergente y del lucro cesante, se habrá producido una pérdida de oportunidad, toda vez que la empresa A ha empleado unos recursos financieros que han resultado ociosos dado el incumplimiento contractual -dichos recursos financieros podían haber sido utilizados por la empresa A en otro negocio que le podría haber reportado rentabilidad-.

    La finalidad de la cuantificación de la indemnización por daños derivados de incumplimientos contractuales es la reparación integral del daño. Debe dejarse a quien sufre el daño en una situación patrimonial idéntica a la que habría tenido de haberse cumplido el contrato pactado.

    La reclamación judicial de la indemnización por daños derivada de incumplimientos contractuales exige la realización de un estudio económico, que deberá incluir en la mayor parte de los casos un análisis contable, de gran complejidad técnica, para lo que deberá contarse con el apoyo de un informe pericial emitido por un experto en la materia.

    En efecto, la prueba pericial económica resulta esencial en la cuantificación de la indemnización de la responsabilidad por daños derivada de incumplimientos contractuales. La fijación de dicha cuantificación excede el ámbito meramente contable y debe realizarse atendiendo tanto a criterios económicos, de Derecho económico y/o de microeconomía como de contratación, análisis de mercados, situación empresarial, valoraciones de empresas, etc., o incluso, en determinados casos, de macroeconomía. Para ello, constituye un requisito imprescindible obtener un preciso y completo conocimiento del funcionamiento de la empresa afectada y de su actividad mercantil. Se trata, en definitiva, de una correcta y completa cuantificación del daño y su reconocimiento en el seno del procedimiento judicial instado por la empresa que lo ha sufrido.

    Juan Luis Sendín Cifuentes

    Socio Director de Garrido Forensic

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