El Tribunal Supremo sanciona, más allá de obligaciones de documentación, incumplir la obligación de valorar a precio de mercado las operaciones vinculadas

    11 junio 2020

    Operaciones vinculadas

    Ya sea por la norma especial de las propias operaciones vinculadas, ya sea por las normas generales de la LGT, estamos ante una infracción sancionable según señala la recién creada jurisprudencia

    En su desescalada particular, el Tribunal Supremo nos ha sorprendido con el dictado de una importante sentencia –de 18 mayo de 2020- en relación con la compatibilidad entre el régimen sancionador especial de operaciones vinculadas del artículo 16.10 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS) y la norma sancionadora general contenida en el artículo 191 de la Ley General Tributaria (LGT), pronunciamiento de interés máximo para todos los grupos empresariales, independientemente de su tamaño, sector y condición, al confirmar la posibilidad de la imposición de sanciones que, dado el volumen de este tipo de operaciones, podrían ser de muy importante cuantía.

    El debate del recurso de casación se ha centrado en dirimir si las correcciones de valoración efectuadas por la Administración en operaciones vinculadas pueden sancionarse conforme a lo previsto en la LGT, cuando se derive una falta de ingreso, en aquellos casos en los que no se hayan incumplido las obligaciones específicas de documentación de operaciones vinculadas -concretamente, en el caso de autos el sujeto pasivo estaba exento de la obligación de documentar las operaciones vinculadas que había realizado durante los ejercicios 2007 y 2008, al haber entrado en vigor el desarrollo reglamentario de dicha obligación para los ejercicios iniciados a partir de 2009-.

    Al respecto, el Tribunal Supremo ha señalado en primer lugar que el régimen sancionador especial -contenido en el artículo 16.10 TRLIS-, resulta de aplicación única y exclusivamente a los obligados tributarios que lleven a cabo operaciones vinculadas sobre las que pese la mencionada obligación de documentación.

    Y por otro lado, que la exclusión de responsabilidad prevista en ese mismo artículo, y que le supondría al obligado tributario quedar exento de sanción tanto por el régimen sancionador especial como por el régimen sancionador general, sólo podrá aplicarse cuando concurran las siguientes tres circunstancias:

    • que el obligado tributario tenga obligación formal de llevanza de la documentación de precios de transferencia y no la haya incumplido;
    • que el valor declarado en su declaración de renta coincida con el que se ha hecho constar en la documentación de la operación vinculada;
    • y que, pese a la existencia de esta coincidencia documental, el valor normal de mercado que se haya atribuido a la operación vinculada sea incorrecto y haya precisado de una corrección valorativa por parte de la Administración tributaria.

    Y, en último lugar, fija jurisprudencia en el sentido de que, partiendo de la obligación de pactar todas y cada una de las operaciones vinculadas a precio de mercado -exista o no obligación formal de documentar-, el régimen sancionador general de la LGT es de aplicación inequívoca a todas aquellas operaciones vinculadas sobre las que no pese obligación formal de documentación.

    Habida cuenta del marco legal descrito y de la creación de jurisprudencia en la materia, urge –ahora más que nunca- reconsiderar la forma de enfocar dentro de las empresas la gestión de los precios de transferencia en términos de preparación de documentación.

    Y es que, queda patente con mucho la importancia, no sólo de valorar a mercado la totalidad de las operaciones vinculadas –recordemos una vez más, obligación legal clara e indiscutida-, sino también la conveniencias de preparar la correspondiente documentación que permita justificar su adecuación a dicho valor, independientemente de que exista obligación formal establecida al efecto, por cuanto queda claro a través de esta sentencia y la jurisprudencia que contiene que la posibilidad de sancionar una eventual discordancia entre los precios acordados y el valor de mercado cuenta con cobertura legal más allá de incumplimientos de documentación; sin embargo, precisamente esa documentación es un instrumento de prueba y justificación del valor de mercado asignado a una determinada operación que facilitaría la gestión de una eventual comprobación.

    Paula Vicario Martín

    Responsable de Desarrollo de Garrido Forensic

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